El trabajo de cuidados sostiene la vida y vertebra las sociedades, pero expresa y reproduce también la desigualdad. Desigualdad entre hombres y mujeres, pero también según el origen, ya que la mayoría de las personas que prestan cuidados son mujeres y no pocas, migrantes.

Esta desigualdad resulta también de la relación entre los apoyos que se precisan y reciben a lo largo de la vida. Las personas necesitamos apoyos de distinto tipo, intensidad y duración. Y es responsabilidad del sector público asegurar un acceso universal a los apoyos reconocidos como derechos para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con autonomía.

El modelo de cuidados en Euskadi se encuentra en plena transformación. Venimos de un modelo que atribuye la responsabilidad del trabajo de cuidados a las familias y, a la postre, a las mujeres. Es un modelo “familista”, tradicional en los países mediterráneos, pero injusto y que no garantiza la igualdad.

Por eso, en las dos últimas décadas avanzamos con paso firme hacia un modelo de organización social de los cuidados, en el que la responsabilidad y el liderazgo corresponden al sector público. Y venimos reforzando los cuidados (sanitarios, educativos, sociales), definiendo y desplegando carteras de prestaciones y servicios cuyo acceso se reconoce por ley como un derecho subjetivo.

El reconocimiento de derechos y el refuerzo del gasto público es el medio fundamental para desfamilizar y desfeminizar los cuidados. Y el gasto público anual en el Sistema Vasco de Protección Social supera ya los 10.000 millones, de los cuales más de 8.000 corresponden a servicios personales: sistemas vascos de salud, educación y servicios sociales. 10.000 para un máximo de recaudación de 17.000 en 2022.

Respecto al Sistema Vasco de Servicios Sociales, entre 2011 y 2019, el gasto corriente público pasó de 832,2 a 1.131,9 millones de euros. Y eso, con niveles de recaudación inferiores a los de 2007 hasta 2017. La previsión es que en 2030 alcance 1.700 millones y 2.000 durante la década de 2030.

El nuevo modelo de cuidados, además de un modelo crecientemente público, es un modelo comunitario. Por eso, estamos reforzando la atención en la comunidad, para que las personas puedan continuar residiendo en su domicilio, con los apoyos precisos, como habitualmente desean, a la par que se transforman los centros residenciales desde un enfoque también comunitario. En este nuevo modelo:

      • El cuidado de personas adultas por familiares ha de ser una opción. Un cuidado libre, crítico, limitado, reconocido, conciliable, corresponsable y con apoyos. La política de conciliación es fundamental, aumentando en esta legislatura las ayudas a familias con hijos e hijas y las ayudas y medidas para la conciliación, corresponsable, en el cuidado de hijos e hijas y de personas familiares adultas.
      • Y la cooperación con el tercer sector social, y en su caso las empresas, ha de orientarse al pleno ejercicio de la responsabilidad pública y al interés general. Entre otros aspectos, contribuyendo a aumentar la capacidad de acción de las administraciones o añadiendo valor a la provisión de servicios públicos en términos de personalización, integralidad o proximidad de la atención y prevención o participación de las personas destinatarias, de acuerdo con el modelo comunitario.

El Congreso quiere ser un hito en el camino hacia un modelo público y comunitario de cuidados. Pretende ser también un espacio de prospección, debate y propuestas. De identificación de retos y estrategias. Y de proyección e impulso de la evaluación de políticas públicas, la innovación y la calidad para mejorar los cuidados, avanzar en igualdad y responder al reto demográfico.

Un medio para avanzar hacia un consenso amplio sobre nuestro modelo de cuidados, desde los principios de igualdad, liderazgo público, cooperación, calidad y sostenibilidad.

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